AUTONOMIA PARA COMUNIDADES RURALES EN EL PERU

La población indígena de la Amazonía, es de 332 mil 975 habitantes. Distribuidas en mil 786 comunidades. Ellos son los auténticos guardianes de la Conservación del medio ambiente en la Amazonía, por su concepción cultural mágico religiosa y filosófica, donde la tierra, el agua, cada ser vivo, planta o animal, los espíritus y ellos mismos son miembros sagrados de una colectividad y se respetan sus territorios, no tienen el concepto occidental de propiedad que dispone injustamente de otros seres vivos o inanimados de la naturaleza. En los Andes, 6 mil 066 comunidades campesinas reconocidas, son igualmente pueblos originarios que rinden culto a la PACHAMAMA o madre tierra. La población rural en el Perú, se redujo del 33% al 25% entre 1995 y el 2007 y está compuesto mayormente por nativos con idioma propio, el 13,2% de la población total, aprendió en su niñez el Quechua, el 1,8% Aymara y el 0,9%, otra lengua nativa.

La población nativa estaba organizada ancestralmente en AYLLUS, ahora se llaman comunidades: campesinas en los andes y nativas en la Amazonía, éstas no reciben los beneficios de la modernidad y la presencia del Estado es mínima, aquí, se encuentra la pobreza, la extrema pobreza y sus fatales consecuencias como la desnutrición crónica, la muerte infantil, la muerte materna, las enfermedades infecto contagiosas, etc. jurídicamente son organizaciones privadas, por lo tanto no son parte del aparato Estatal, pero de hecho en la práctica son organizaciones de autogobierno local, administran las tierras comunales, el agua, practican la MINKA o faenas comunales para solucionar las necesidades públicas de irrigaciones, vialidad, reforestación, producción de tierras comunales, obras comunales; controlan el orden interno y administran justicia, de acuerdo a sus costumbres, tradiciones y leyes no escritas que se trasmiten oralmente por generaciones, pero no reciben ningún pago del Estado por su trabajo y por la prestación de servicios públicos. Para su desarrollo local no reciben transferencias del gobierno Central como el Fondo de compensación Municipal (FONCOMUN), Canon minero, etc. Aquí se da el encuentro entre la organización del gobierno local ancestral y las modernas Municipalidades, que a diferencia de las zonas urbanas, no llevan por igual, los beneficios de los programas de desarrollo a los Centros poblados rurales. Para acabar con esta discriminación y la exclusión es urgente reformar el Estado, la Constitución y sus leyes.

El Estado genera violencia al Concesionar las tierras de las comunidades, sin la consulta previa a sus legítimos propietarios, sin el pago del justiprecio que garantice ingresos para el desarrollo local. Los comuneros se movilizan organizadamente, en defensa de sus tierras y sus derechos adquiridos como pueblos originarios, que no son respetados por el Gobierno, que emite decretos legislativos anticonstitucionales, para facilitar la transferencia de las tierras comunales a las empresas extractivas, en minería, petróleo, gasíferas, madereras y acuíferas, desarrollando un ordenamiento jurídico contrario a los consensos internacionales y a las teorías multiculturalistas.
La raíz jurídica del conflicto es la superposición del derecho del titular minero sobre la propiedad de las tierras comunales. Las comunidades no pueden usar ni disfrutar, de sus tierras; en rigor, se ha perdido el derecho de propiedad a favor del concesionario minero. El 55% de las comunidades tienen problemas con la Minería. Por la ley de Participación Ciudadana se puede implementar el derecho al acuerdo previo, libre e informado. Pero el reglamento no contempla los procedimientos para la asignación de usos del territorio nacional y los derecho reconocidos son estériles en la practica, porque no existe el plan nacional de ordenamiento territorial.

Las comunidades deben tener libertad para decidir como quieren desarrollarse. Ellos mismos deben participar en el proceso de creación, diseño, priorizaciones e implementación de los planes de justicia social, sobre bases de sus propios valores. Los Gobiernos Regionales deben oficializar mediante Ordenanzas las lenguas de su Región junto con el castellano, para el uso social y educativo, efectivizar los programas de capacitación, alfabetización y elaboración de materiales educativos, las teleaplicaciones, como la teleeducación como política educativa a distancia e implementarlos para desarrollar la Educación Intercultural Bilingüe, así construir un estado plurinacional y una sociedad intercultural.

El Neoliberalismo como modelo económico, es guerra contra los Pueblos, sobre explotación de recursos naturales, destrucción del Medio Ambiente, el control de Corporaciones económicas en los Estados, el fin de las economías locales, violaciones de Derechos Humanos, el Ultra Neoliberalismo entró por votación “democrática “y se transformó en una violenta Dictadura que se intenta consolidar a costa de abusos, arbitrariedades, ilegalidades y corrupción. Por las protestas sociales hay decenas de asesinados, centenares de judicializados y reprimidos, principalmente campesinos e indígenas, el Estado de emergencia, el toque de queda, son prácticas que asume el Gobierno, reprime el derecho de participación, de consentimiento de los Pueblos frente a las políticas públicas. Este gobierno violento es acusado de genocidio y racismo. Actualmente en el Perú, no hay condiciones para implementar políticas de INCUSION SOCIAL, se utiliza la ley para controlar el derecho de Información y Comunicación en Medios públicos y privados, no se garantiza la libertad de opinión y expresión. Se limita la participación ciudadana. Si buscamos el entendimiento debemos terminar con la política del Desprecio y de las experiencias personales de decepción, que originan, motivos morales de una lucha colectiva por el reconocimiento.

Planteamos generar el debate en la opinión pública internacional para hacer efectiva las Políticas de Inclusión y los acuerdos de los Estados en los Organismos internacionales para implementarlos en plazos previstos, como en el caso Peruano que necesita cambios en la Constitución y las Leyes, para reconocer a las organizaciones ancestrales, llamadas Comunidades nativas y Campesinas, como parte del Estado Peruano y otorgarles autonomía administrativa y económica, para su desarrollo local, asignarles transferencias del FONCOMUN, Canon y otros recursos, directamente, como a las Municipalidades y la experiencia del caso de la Comunidad autogestionaria de Villa El Salvador, concordante con El Convenio 169 de la OIT, por la cual los pueblos indígenas tienen derecho a controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural.
La ejecución de los planes y programas de lucha contra el Cambio Climático global desde el Estado y Organismos Internacionales, tendrán en las Comunidades andinas y amazónicas autonómicas, incorporadas al aparato del Estado Peruano, el último bastión para la conservación de la amenazada destrucción de la Amazonía Peruana.